El vínculo entre España y el Sáhara Occidental, conocido como el **Sáhara Español**, se remonta a 1884. Sin embargo, el punto de inflexión legal y moral se sitúa en 1963, cuando la **Organización de las Naciones Unidas (ONU)** incluyó el territorio en su lista de **Territorios No Autónomos**. Esta inclusión impuso a España, como potencia administradora, la obligación inexcusable de guiar al territorio hacia la autodeterminación, tal como estipula el Artículo 73 de la Carta de la ONU.
El conflicto del Sáhara Occidental no es solo un diferendo territorial; es, fundamentalmente, una herencia inconclusa de España, un ejemplo paradigmático de la complejidad de los procesos de descolonización donde los intereses de las metrópolis y los estados vecinos se superpusieron al derecho de los pueblos.
Antes de la retirada española, el proceso de descolonización se vio abruptamente alterado por las reclamaciones territoriales de Marruecos y Mauritania. En 1974, España propuso un referéndum de autodeterminación, pero Marruecos solicitó la opinión consultiva de la **Corte Internacional de Justicia (CIJ)**. El dictamen de la CIJ, emitido en octubre de 1975, fue claro: si bien existían "vínculos jurídicos de lealtad" entre los sultanes marroquíes y algunas tribus saharauis, y derechos sobre el territorio por parte de Mauritania, estos lazos **no eran suficientes para modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General sobre la descolonización**. Es decir, la CIJ reafirmó que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, a través de una expresión libre y auténtica de su voluntad, prevalecía sobre cualquier reclamación histórica.
En un contexto de grave inestabilidad política interna (la agonía del dictador Francisco Franco) y la presión externa de la **Marcha Verde** marroquí, el gobierno español firmó el **Acuerdo Tripartito de Madrid** en noviembre de 1975. Mediante este acuerdo, España "puso término" a su presencia y transfirió temporalmente la administración del territorio a una administración tripartita (España, Marruecos y Mauritania).
La Nulidad Jurídica:
La ONU nunca reconoció el Acuerdo de Madrid como un acto válido de descolonización o de transferencia de soberanía. Múltiples resoluciones de la Asamblea General y la jurisprudencia del **Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)** han ratificado que **España sigue siendo la Potencia Administradora de jure**. El Acuerdo de Madrid solo supuso un abandono *de facto* de las responsabilidades administrativas y militares, pero **no liberó a España de sus obligaciones internacionales**. Este punto es crucial, ya que la responsabilidad legal de España ante la ONU por la descolonización del territorio nunca ha cesado.
Este abandono provocó el estallido del conflicto armado entre el Frente Polisario (representante del pueblo saharaui) y las fuerzas de ocupación marroquíes y mauritanas (hasta 1979). El fracaso de España en garantizar la autodeterminación antes de su retirada es la raíz del conflicto actual y de la situación de los refugiados en Tinduf.
Durante décadas, la política exterior española se caracterizó por un difícil equilibrio entre la obligación moral con los saharauis (que mantenían lazos culturales y afectivos fuertes con la antigua metrópoli) y la necesidad geoestratégica de mantener una relación estable y vital con Marruecos. Esta postura, a menudo denominada "neutralidad activa" o "equidistancia", se manifestó en varios pilares:
España reiteraba formalmente su apoyo a las resoluciones de la ONU y al **Plan de Arreglo de 1991**, que preveía un alto el fuego y la celebración de un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, en la práctica, la política española se fue volviendo cada vez más ambigua y pasiva. A medida que el referéndum se estancaba, Madrid evitó presionar a Marruecos, temiendo las represalias de Rabat en áreas sensibles. La constante renovación de los mandatos de la MINURSO por parte del Consejo de Seguridad, como la reciente Resolución 2797 (2025), subraya la ineficacia del proceso y el estancamiento al que ha contribuido, indirectamente, la tibieza de la Potencia Administradora.
La relación bilateral con Marruecos pasó a dominar la agenda española, relegando la cuestión saharaui a un segundo plano. Los intereses españoles se concentraban en tres áreas vitales que Marruecos controla como palancas de presión: **la lucha antiterrorista**, el **control de los flujos migratorios** hacia las fronteras de Ceuta y Melilla, y las **relaciones comerciales** y energéticas. Este chantaje geopolítico silencioso mantuvo a España en una posición de parálisis diplomática.
El Papel de la Jurisdicción Española:
Un aspecto relevante de esta responsabilidad latente es la **jurisdicción extraterritorial** española. Basándose en el principio de jurisdicción universal y en que el Sáhara Occidental fue territorio español, tribunales como la Audiencia Nacional han investigado crímenes graves y violaciones de derechos humanos cometidos contra ciudadanos saharauis. Esta capacidad de ejercer jurisdicción en el territorio subraya, desde una perspectiva legal interna, la permanencia del vínculo jurídico de España con el Sáhara.
A pesar de la frialdad diplomática, España mantuvo un fuerte **vínculo humanitario y cultural** con el pueblo saharaui. Las Comunidades Autónomas, las ONG y los Ayuntamientos españoles han sido la principal fuente de ayuda para los campamentos de Tinduf. Programas como "Vacaciones en Paz" generaron una profunda conexión intergeneracional entre familias españolas y saharauis, actuando como un contrapeso ético a la tibieza del Gobierno central.
La postura de "neutralidad activa" fue dinamitada en marzo de 2022. Tras una grave crisis diplomática con Rabat en 2021 (desencadenada por la hospitalización del líder del Polisario, Brahim Ghali, en Logroño, y la subsiguiente entrada masiva de migrantes en Ceuta), el gobierno de Pedro Sánchez dio un **giro radical** a su política.
El 18 de marzo de 2022, el Gobierno español comunicó su respaldo al plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007, calificándolo como **"la base más seria, realista y creíble"** para resolver el conflicto. Aunque la declaración mantenía la etiqueta de la ONU ("mutuamente aceptable"), el lenguaje utilizado suponía un **alineamiento explícito con la posición marroquí**, abandonando la equidistancia histórica.
La decisión se interpretó como una respuesta directa a las presiones geopolíticas marroquíes y una necesidad estratégica de restablecer la cooperación de seguridad. Los factores determinantes fueron:
- **Seguridad y Migración:** La prioridad de Sánchez era asegurar la cooperación de Marruecos para contener los flujos migratorios hacia la Península Ibérica y los enclaves de Ceuta y Melilla.
- **Tensiones Regionales y Argelia:** El giro provocó una ruptura diplomática y comercial con Argelia, aliado histórico del Polisario y proveedor clave de gas natural a España.
- **Aislamiento y EE. UU.:** España buscaba evitar un mayor aislamiento tras el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara por parte de la administración Trump en 2020.
El cambio de 2022, aunque estratégico y pragmático para el Gobierno español, generó graves controversias éticas y legales, tanto a nivel interno como internacional.
La decisión española de apoyar el plan de autonomía marroquí choca con la obligación internacional de garantizar un referéndum de autodeterminación. Aunque el plan marroquí es una opción política legítima, **no puede reemplazar el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir su futuro**, un derecho reafirmado por la CIJ y las resoluciones de la ONU. Al apoyar explícitamente una de las opciones sin consultar a la otra parte o a la población, España socavó su credibilidad como facilitador neutral del proceso de la ONU.
Desde la perspectiva de la ONU y del TJUE, España sigue siendo la Potencia Administradora. Esto implica no solo obligaciones políticas, sino también responsabilidades legales. Por ejemplo, las sentencias del TJUE sobre acuerdos comerciales y de pesca de la UE con Marruecos han dejado claro que el Sáhara Occidental es un **territorio separado y distinto**, y que cualquier acuerdo que afecte a sus recursos requiere el **consentimiento del pueblo saharaui**. La posición de España debe reflejar esta realidad jurídica, incluso si políticamente se ha distanciado de la misma.
El Riesgo de Inacción:
La inactividad de España en la protección de los derechos humanos de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos podría acarrear responsabilidad ante instancias internacionales, como el **Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)**. Si España no investiga o no protege a sus antiguos súbditos, podría ser condenada a hacerlo, lo que demuestra que su responsabilidad no es solo política, sino también de protección jurisdiccional.
El giro de España no solo afectó a las relaciones con Argelia, sino que también **radicalizó la posición del Frente Polisario**, que ya había roto el alto el fuego de 1991 en 2020. Al avalar la opción marroquí, España redujo la probabilidad de una solución negociada y aumentó el riesgo de una escalada militar de baja intensidad. La estabilidad de la región del Magreb, vital para Europa, depende intrínsecamente de una solución justa y definitiva al conflicto saharaui.
A pesar del cambio de rumbo, el laberinto saharaui sigue exigiendo una solución. España debe enfrentar su dilema con una estrategia que, sin renunciar a la vital cooperación con Marruecos, recupere la coherencia con el derecho internacional y la responsabilidad histórica.
España tiene la capacidad única de presionar tanto a Marruecos como al Frente Polisario para que vuelvan a la mesa de negociaciones bajo el auspicio del Enviado Personal del Secretario General de la ONU. Esto implica que el lenguaje diplomático español debe volver a ser más claro en la defensa de una "solución aceptable, de conformidad con las normas y el marco de Naciones Unidas," lo que inherentemente remite al principio de autodeterminación, tal como lo exige el derecho internacional.
Más allá de la política real, existe una deuda histórica con un pueblo que depositó su confianza en España. La reparación pasa por un compromiso humanitario sostenido y por defender activamente los derechos humanos de la población saharaui, incluyendo aquellos que viven bajo ocupación. El apoyo incondicional a los programas de ayuda en Tinduf no es caridad, sino una obligación derivada del fracaso de 1975.
Conclusión Final:
El conflicto del Sáhara Occidental es el espejo en el que se reflejan las contradicciones de la política exterior española: entre la ley y el pragmatismo, y entre la historia y la geopolítica. El giro de 2022 privilegió la estabilidad inmediata con Marruecos a expensas de la legalidad internacional y el deber histórico. Sin embargo, mientras el expediente de la ONU permanezca abierto, y mientras la CIJ y el TJUE insistan en la necesidad de respetar la identidad separada del Sáhara, la responsabilidad de España no se extingue. La verdadera solución y la reparación histórica solo llegarán cuando España retome un papel activo que impulse una solución definitiva basada en el **derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir su futuro**, poniendo fin a medio siglo de sufrimiento y exilio.